Movimento Indígena Brasileiro denuncia à ONU violação dos Direitos Humanos

O líder indígena Uilton Tuxá, coordenador da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo ( APOIMNE) e dirigente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) está em Genebra, na Suíça, onde fica até o dia 22 de julho,  e atua como enviado especial  do movimento indígena brasileiro junto  a comunidade internacional. O objetivo é denunciar o quadro de violação de Direitos Humanos, fundamentais e coletivos dos povos indígenas brasileiros, patrocinado pelo governo do Brasil.

Ele participou de uma reunião com o responsável do Programa de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no Brasil, o Sr. Antônio Cisnero, que disse desconhecer  as violências contra os povos indígenas em nosso país. Durante o encontro, Uilton manifestou a intençãode construir um diálogo mais próximo entre as organizações indigenas  e a ONU. Ele foi, então, orientado a enviar cartas para a Excelentíssima Sra. Navanethem Pillay-Alta Comissionada das Nações Unidas, Sr. James Anaya- Relator Especial dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU e demais Relatores da ONU relatando a situação dos indígenas.

A proposta é que os relatores das Nações Unidas possam intervir junto ao Estado Brasileiro, para que este adote medidas que assegurem o respeito aos Direitos Indígenas de acordo com os tratados internacionais, como Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

O documento entregue aos relatores da ONU denuncia os megaprojetos da Transposição do Rio São Francisco e da construção de Belo Monte e também a tentativa de expulsão dos Xavante de Marãiwatsédé, a odisséia pela terra dos Guarani Kaiowá e Pataxó Hã hã hãe.

De acordo com Marcos Apurinã, coordenador geral da COIAB, a violação de direitos cometidos contra os povos indígenas é um reflexo da falha política indigenista do país. “O Governo Brasileiro não respeita os povos indígenas. Não enxerga os nossos problemas. É preciso que a nossa voz chegue mais longe, o nosso grito tem que ser ouvido para se fazer valer os acordos que foram ratificados. Vivemos uma situação muito difícil e, em suas viagens ao exterior o Governo vende uma imagem que não existe. Sofremos muito com a ausência de políticas publicas e mais ainda, com os projetos de desenvolvimento a qualquer custo, orquestrados pelo Governo Federal”, afirmou o líder Apurinã.

Leia abaixo o conteúdo das cartas entregues para os relatores da ONU (texto em espanhol)  :

Carta da APIB ao Alto Comissariado da ONU

Situación de los derechos indígenas en el Brasil

La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) organización nacional compuesta por las principales organizaciones indígenas de las diferentes regiones de este país, preocupada por el agravamiento de la violación de los derechos humanos, fundamentales y colectivos de nuestros pueblos, situación poco conocida por la comunidad internacional, trae al conocimiento de su excelencia un relato resumido de este cuadro que podemos presentar con mayores detalles en otra oportunidad.

El objetivo final de este relato es que Alta Comisionada de Naciones Unidas intervenga junto al Estado Brasileño para que este adopte medidas que aseguren el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con los tratados internacionales por el firmados, entre los cuales destacamos la Convención 169 de OIT e la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Estado brasileño ha divulgado frecuentemente en el campo internacional, que ha conseguido sobre todo en la última década salir de la condición de país de tercer mundo, haciendo parte de los países considerados emergentes, pues supuestamente consiguió enfrentar los problemas sociales y retirar a grandes sectores de la población de la condición de pobreza o pobreza extrema. En esta radiografía tan ampliamente divulgada por el mundo fueron incluidos los pueblos indígenas que aparentemente habrían dejada para tras problemas que antes los afectaban, incluso los relacionados con el derecho territorial. Ese cambio estaría haciendo realidad el texto constitucional de 1988, notablemente avanzado, que reconoce los derechos secularmente negados.

Derechos sociales

Los hechos y la realidad, sin embargo, son distantes de la ley y de los discursos de los gobernantes, de la actual Presidente Dilma Roussef y del anterior Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para comenzar, de acuerdo con el Censo Demográfico de 2010, realizado por el Instituto Brasileño de Geografia y Estadística (IBGE), los indígenas suman una población de 817.963 (ochocientos y diez y siete mil novecientos y sesenta y tres) habitantes. De ese total, 326.375 (trecientos y veinte y seis mil, trecientos setetenta y cinco) estan en condiciones de pobreza extrema (39,9%), representando practicamente cuatro de cada diez indígenas. Comparado con otras colectividades étnicas, entre los considerados blancos ese porcentaje es de 4,7%, entre los negros 10,0%.

Pero los problemas obviamente van mucho más allá de esta realidad social, si consideráramos los aspectos económicos, políticos, etnico-culturales y ambientales.

Tierras y territorios indígenas

El Gobierno brasileño ha hecho también alarde de que las tierras indígenas ya están demarcadas casi en su totalidad, en más de 95%, no especificando que se trata de casi exclusivamente de tierras localizadas en la Amazonía y regularizadas todavía con recursos de la cooperación internacional y no del tesoro nacional. Observemos el contraste: la mayoria de la población indígena en situación de pobreza extrema habita exactamente en las regiones norte (amazonía) y centro-oeste, lo que es revelador de que también no basta solamente demarcar las tierras indígenas sin dar a los pueblos y comunidades condiciones de sostenibilidad y de protección de sus territorios. Si las condiciones de pobreza son visibles en regiones de tierras demarcadas, imagínese entonces en las otras regiones del país, como el sur y noroeste donde son muchas las tierras indígenas que están sin ser demarcadas o permanecen invadidas a pesar de haber sido regularizadas.

De hecho, la mayoría de los pueblos indígenas en el Brasil está sometida a situaciones de vulnerabilidad, resultado de la presión sobres sus tierras, territorios y recursos naturales; por la construcción de proyectos gubernamentales o privados como carreteras, hidroeléctricas de grande y pequeño porte, hidrovías, liñas de trasmisión; la intrusión de empresas mineras y de explotación forestal; la ampliación de la frontera agropecuaria, el cerco del monocultivo, disputas con hacendados y latifundistas; rutas de narcotráfico.

A manera de ejemplo podemos citar los casos de los pueblos indígenas del Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente el caso del pueblo Guarani Kaiowá, el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe en el Estado de Bahia y el del pueblo Xavante en el Estado de Mato Grosso. En el primer caso, los Guarani Kaiowá desde hace décadas están sometidos a una situación de franca discriminación y etnocidio. Viven en territorios extremamente reducidos o al margen de carreteras esperando la demarcación de sus tierras invadidas por latifundistas, hacendados y productores de monocultivos como la soya, caña de azúcar y eucalipto. Se llega al absurdo de que 68 mil indígenas ocupen 0,5% del território de este Estado. En una tierra indígena – la de Dourados, el índice de homicidio es de 140 por 100 mil habitantes, ou seja, 14 vezes superior al índice de alerta y superior a la mortalidade en países en estado de guerra civil, como fue Irak. En el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, este espera hace más de 20 años que la Suprema Corte juzgue e resuelva de una vez la desintrusión reclamada de su tierra. El Gobierno Federal responsable por la indemnización de los “ocupantes de buena fé” no procede conforme esperado. El caso del pueblo Xavante, en Mato Grosso, es revelador del propósito de las clases hegemónicas de violar descaradamente los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que conforme las leyes del país están bajo la responsabilidad del gobierno federal. La Tierra Indígena Marãiwatsédé fue homologada en 1998 con derecho de poseción permanente y usufructo exclusivo del pueblo Xavante. Sin embargo el gobierno federal, por medio del órgano indigenista, la Fundación Nacional del Índio (FUNAI), no retiró hasta la fecha a los no indígenas. Para desespero de los Xavante, recientemente, la Asamblea Legislativa de este Estado, aprobó una ley que propone que estos sean transferidos a un parque estatal para que los no indígenas, considerados productores, permanezcan en el territorio indígena. Aún más, como los kaiowá, en los estados del sur del sur del país hay cerca de 50 campamentos de indígenas aguardando la demarcación de sus territorios o la desintrusión de los mismos.

De esta forma el destino de los pueblos indígenas del Brasil está amenazada, pues sabemos que sin tierra y territorios asegurados, con condiciones de protección y sostenibilidad todas las dimensiones de la vida de los pueblos indígenas se tornan inviables.

Megaproyectos

A respecto de proyectos desarrollistas de infraestructura, por lo menos 434 deben impactar territorios indígenas. De esos, destacamos dos megaproyectos: la Hidroeléctrica de Belo Monte, en la región amazónica y la canalización de las aguas del Rio San Francisco en el noreste de país. En ni uno de los casos el gobierno brasileño aseguró el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada.

Belo Monte, rechazado hace más de 20 años por los pueblos indígenas, es considerada una tragedia social y ambiental completa, pues inundará una extensión de 500 kilómetros cuadrados. El desvio de las águas del rio Xingu, en el estado de Pará, dejará sin água, peces y transporte a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales localizadas principalmente en una extensión de 130 kilómetros, impactando sus formas tradicionales de producción e cultura así como la megadiversidad de la región, sin citar los conflictos y problemas sociales inherentes a una migración de por lo menos 20 mil personas que irán de otras regiones del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

La canalización de las aguas del río San Francisco para los Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará y Rio Grande do Norte que supuestamente llevaría agua a la población carente de estos estados, en realidad está planeado como un proyecto al servicio de la agroindustria y otros sectores económicos y políticos de la región.

Del nacimiento hasta el desemboque, el Río San Francisco atraviesa un territorio tradicional ocupado hace más de 9 mil años. Actualmente en su recorrido de 2.800 km existen 32 pueblos indígenas, ocupando 38 territórios: Kaxagó, Kariri-Xocó, Tingui-Botó, Akonã, Karapotó, Xocó, Katokin, Koiupanká, Karuazu, Kalankó,Pankararu, Fulni-ô, Xucuru-Kariri, Pankaiuká, Tuxá, Pipipã, Kambiwá, Kapinawá, Xukuru,Pankará, Tupan, Truká, Pankararé, Kantaruré, Atikum, Tumbalalá, Pankaru, Kiriri, Xacriabá,Kaxixó e Pataxó, com uma población aproximada de 70 mil indígenas.

El Río para estos pueblos fue y es vital para su sobrevivencia física y cultural, tanto para su modo de producción como para la continuidad de sus rituales y cultura.

Sin embargo el gobierno ingnoró el clamor de estos pueblos y autorizó las obras de implantación del proyecto, desconociendo su derecho de consulta.

Así, en el Brasil, la aplicabilidad del Convenio 169 de OIT es practicamente nula, y no importa que el país mienta a la comunidad internacional, como aconteció cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que el gobierno suspendiera el proceso de licencia y construcción de Belo Monte mientras no consultara debidamente a los pueblos indígenas afectados.

El gobierno por medio de Relaciones Exteriores y de FUNAI divulgó el 5 de abril que ya había cumplido su papel institucional de aclarar y consultar a los comunidades indígenas. Simples reuniones de socialización de informaciones fueron manipuladas como consultas, eventos marcados incluso por denuncias de divisionismo y prácticas de coptación o descaracterización de líderes indígenas.

Claramente está faltando “buena fe” por parte del Estado. No existe la voluntad política de que los pueblos indígenas sean de hecho consultados y participen en la toma de decisiones sobre “las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente” y mucho menos que puedan consentir o no sobre tales medidas, considerando sus prioridades en materia de desarrollo indígena.

Salud, criminalización y otros aspectos

La violación de los derechos indígenas en el Brasil es en todos los aspectos preocupante. Según el último informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) divulgado el 30 de junio del corriente, en 2010 murieron 92 niños por falta de atención médica. 60 indígenas fueron asesinados. Hay 152 amenazados de muerte. De los 60 indígenas asesinados, 34 fueron en el Estado de Mato Grosso do Sul, donde se localizan los Guarani Kaiowá.

El atendimiento a la salud de los pueblos indígenas es deficiente, pues la Secretaría Especial de Salud Indígena, creada en 2010, no consigue estructurarse y funcionar debidamente, corriendo la misma suerte de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) que a pesar de la promesa de estar adaptándose a los nuevos tiempos continua inoperante y ausente en muchos casos junto a las comunidades, abandonadas al antojo de gobiernos estatales, municipales y de poderes económicos y políticos locales.

En el aspecto de la legislación indigenista, hace casi 20 anos que los pueblos indígenas esperan que el Congreso de la República reglamente el capítulo de la Constitución que trata de los derechos indígenas. La propuesta de crear un Consejo Nacional de Política Indigenista, también está parada en la Cámara de los Diputados. Un organismo transitorio, como lo es la Comisión Nacional de Política Indigenista, de carácter consultivo, no consigue operar para hacer realidad sus resoluciones.

Petición

Ante este cuadro, la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), solicita encarecidamente a la excelentísima Alta Comissionada que adopte las medidas necesarias para proceder a un monitoreo más rigoroso de la situación de los derechos humanos en el Brasil, posibilitando una misión verificadora del tratamiento especialmente de los derechos de los pueblos indígenas, o una acción conjunta con distintos relatores u otros organismos de ONU como la Comisión de Expertos en Aplicación del Convenio y Recomendaciones de la OIT (CEACR), para analizar la aplicación de la Convención 169 y otros tratados internacionales que este país ha firmado como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Confiando en toda su comprensión y respaldo a esta petición, nos ponemos a su disposición para eventuales dudas y aclaraciones.

Atentamente.

Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil – APIB

Manoel Uilton Santos / Tuxá
Coordinador de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste y estados de Minas Gerais y Espirito Santo - APOINME

Antônio Marcos Alcântara de Oliveira Apurinã

Coordinador de la Coordinación de Organización de la Amazonía Brasileña - COIAB

Romancil Gentil Cretã / Kaingang

Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur - ARPINSUL

Timóteo Wera / Guarani

Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Sudeste - ARPINSUDESTE

Ramão Vieira / Terena

Coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Pantanal y Región – ARPIPAN

Anastacio Peralta Guarani Kaiowá

Dirigente de la Grande Asamblea Guarani – ATY GUASU  

 
 
Com informações  Ascom COIAB

APIB divulga documento contra as alterações no Código Florestal

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) encaminhou ao Governo Brasileiro e, em especial , ao Ministério do Meio Ambiente (MMA),  um documento onde se posciona contra as alterações propostas pela bancada ruralista no Congresso Nacional e apresenta sugestões acerca da questão com o objetivo de  garantir a proteção dos territórios dos Povos Indígenas brasileiros.

Leia  abaixo a íntegra do documento :

CONTRIBUIÇÕES DA APIB NA DEFESA DO CÓDIGO FLORESTAL

Considerando a ofensiva da bancada ruralista, empenhada na alteração do Código Florestal no Congresso Nacional, e prevendo danos irreparáveis que as mudanças propostas poderão acarretar às terras indígenas e as terras ocupadas por pequenos agricultores e comunidades tradicionais, a APIB apresenta as seguintes “contribuições na Defesa do Código Florestal”.

1. A noção de pousio é uma prática restrita a povos indígenas e comunidades tradicionais, principalmente da Amazônia, e não pode ser generalizada para os grandes produtores, que poderão utilizar o conceito para continuar desmatando indiscriminadamente ou justificar a expansão desenfreada da fronteira agrícola, isto é do agronegócio, que não é nem mais nem menos que a ampliação da destruição do solo, o assoreamento e envenenamento de nascentes e rios e lagos, a morte da floresta e de todos os seres viventes que ela abriga.

2. É inadmissível a perspectiva de anistiar os crimes de desmatamento cometidos seja em Áreas de Preservação Permanente (APPs) ou Reservas Legais (RL) pelos produtores rurais somente até 22 de julho de 2008.

3. As APPs interagem com o entorno, configurando um contínuo complementário. Daí que nada justifica a redução de manguezais, terras de alta salinidade, várseas e terras de vazante, permitindo, neste último caso, a sua utilização para culturas temporárias sobretudo exógenas.

4. A recuperação de áreas degradadas deveria rigorosamente ser feito por meio de vegetação nativa sendo proibidas plantações exóticas ou a monocultura que somente pioram o desequilíbrio ambiental, do clima e do ciclo da água.

5. A compensação fora da região ou bacia hidrográfica, mesmo que seja dentro do mesmo bioma, deve ser vedada, para barrar a pressão sobre as pequenas propriedades, a agricultura familiar e terras de povos indígenas e comunidades tradicionais.

6. Ou seja, as áreas de RL devem permanecer obrigatórios na mesma propriedade e não fora dela, inclusive para as pequenas propriedades, assim como deve ser garantidas as APP, permitindo contudo, o manejo e uso sustentável das mesmas.

Esta utilização deve ser regulamentada e acompanhada de políticas públicas estruturantes e permanentes tais como fomento, crédito, assistência técnica, capacitação e condições de comercialização e de mercado justo.

7. A elaboração e implementação de Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou ações de fiscalização ambiental devem ser de competência exclusiva da União e não dos Estados, a fim de evitar o risco de submeter a proteção das florestas aos interesses de poderes econômicos e políticos locais e resguardar os compromissos do Brasil na Convenção do Clima e da Biodiversidade, relacionados por exemplo com a redução de gases por desmatamento.

8. Para as terras indígenas e de comunidades tradicionais devem ser asseguradas faixas de segurança entoambiental, visando preservá-las dos impactos da expansão da fronteira agrícola e de quaisquer empreendimentos governamentais ou privados.

Brasília – DF, 20 de julho de 2011.

CUT-MS lança primeiro coletivo de trabalhadores indígenas do Brasil

Quando criança, ao ser chamado de índio, o descendente dos Terenas, José Carlos Pacheco, sentia vergonha de sua origem. Como todo garoto, não gostava de ser considerado diferente, situação que mudou apenas quando tomou consciência da relevância de sua cultura.

Apesar de ter nascido em área urbana, no município de Anastácio, a 130 km de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul (MS)– ao contrário dos avós, que viveram em aldeia –, ele também sentiu na pele a discriminação pela qual passaram e passam povos de etnias como Kaiowá, Guarani, Aticum, Kadiwéu, Guató, e outros que sofrem diariamente com a desigualdade e com a exclusão.

“Prova disso é que dos 70 mil índios em Mato Grosso do Sul, segunda maior população indígena do Brasil, apenas 1% está no mercado de trabalho, com carteira assinada”, conta.

Para reverter essa forma de violência, consolidar uma política dentro da Central e reforçar a importância dos povos originários para a região e para o Brasil, a CUT-MS lança no dia 20 de agosto o primeiro coletivo de trabalhadores indígenas do Brasil.

A ação é fruto de três anos de uma luta que contou com Pacheco, servidor público em Anastácio e diretor de relações sindicais da Federação Sindical dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, e também com os companheiros Evanildo da Silva (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Bauru-MS-MT), Gilson B. Pereira (Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança Privada de Campo Grande e Região) e com o presidente da CUT local, Jefferson Borges. Além do apoio da secretaria nacional de Formação da CUT.

José Pacheco faz questão de frisar que a principal preocupação do coletivo é com questões ligadas ao mundo do trabalho. “Dentro da CUT, nós sempre nos envolvemos nos debates sobre nossas terras, ameaçadas por grandes latifundiários, que contratam pistoleiros para tentar nos intimidar, mas nossa missão será dar visibilidade à luta dos trabalhadores indígenas e tratar de questões como formação profissional e o acesso aos empregos formais. Iremos promover também cursos para mostrar a importância da CUT e do movimento sindical na luta por direitos iguais aos demais trabalhadores”, comentou.

Reverter o estereótipo – Ao contrário do que se costuma pensar, as atividades dos trabalhadores indígenas não se restringem ao serviço braçal, como o corte de cana nas usinas de álcool. Muitos são professores da rede pública, atuam nas indústrias de alimentação, frigoríficos, comércios, vigilantes, ferroviários. Porém, diversas vezes, recebem menos para realizar a mesma função e não encontram espaço para ascender profissionalmente.

“Queremos trabalhar no entendimento dos trabalhadores na preservação da cultura e mostrando a importância dos povos originários brigarem por seu espaço na sociedade. Com a criação do coletivo, ganham os trabalhadores indígenas e a CUT, que terá ainda maior legalidade para participar dessa discussão”, define Pacheco.

Marãiwatsédé: um direito inegociável, intransferível e inalienável para os Xavantes

Nos últimos dias têm circulado na mídia noticias sobre o conflito agrário entre o povo indígena Xavante da Terra Indígena Marãiwatsédé e os fazendeiros, grileiros e especuladores no município de Alto Boa Vista. A freqüente tensão ameaça a permanência dos Xavantes em seu território ancestral.

No entanto, os Xavantes tem travando essa luta contra a grilagem e especulação para manter-se em seu território há mais de 40 anos. Segundo dados históricos e relatos de antigos Xavantes, na luta contra a grilagem os Xavantes de Marãiwatsédé em 1966, após serem forçados a trabalharem de graça para Ariosto da Riva e o Grupo Ometto; enfrentarem conflitos com os empregados da fazenda; passarem fome e serem deslocados três vezes dentro da área, cerca de 230 Xavantes foram transferidos pela força Aérea Brasileira – FAB para a Terra indígena São Marcos.

Assim iniciou a invasão de Marãiwatsédé, Ariosto Riva, em sociedade com o Grupo Ometto utilizando–se hora da força, hora de gentileza logo o grupo expandiu seu domínio se apropriando uma área de 1,7 milhão de hectares, o mega latifúndio Fazenda Suiá-Missu, cuja extensão era superior à área do Distrito Federal.

Anos depois o controle da fazenda Suiá-Missu passou a Liquifarm Agropecuária Suiá-Missu, e em 1980, para empresa petrolífera italiana Agip "do Brasil”. Esta última, durante a Conferência ECO92, propôs ao governo federal um acordo para "devolver” Marawatsede a terras aos seus legítimos donos, os índios Xavantes.

A homologação da área para posse permanente e usufruto exclusivo pelo povo indígena Xavante, e registrada em cartório como de propriedade da União Federal, conforme legislação em vigor se deu apenas em 1998.

Em 2010, o Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, em confirmação a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a legalidade no procedimento administrativo de demarcação da Marãiwatsédé determinou a retirada dos ocupantes não indígenas e a recuperação das áreas degradadas de Marãiwatsédé.

Os Xavantes ganharam o direito de voltar a Marãiwatsédé, mas encontraram seu território tomado por fazendeiros e grileiros. A mata antes densa fora substituída por imensas pastagens para o gado e nos últimos anos também pela soja.

Praticamente devastado, Marãiwatsédé que no idioma Xavante, significa "Mata Densa" ou "Mato Grosso" não mais corresponde a esta definição, fora quase que completamente devastada pela ganância dos não indígenas que vêem a terra apenas como fonte de renda e os recursos naturais um entrave ao modelo de econômico insustentável que querem perpetuar.

Com o avanço do desmatamento, tornou-se insustentável a situação dos Xavantes. Não há caça, o que é um forte agravante a segurança alimentar dos Xavantes que são considerados "povo caçador”.

Assim, na busca da sustentabilidade e da segurança alimentar, desde 2008 os Xavantes em parceria com Operação Amazônia Nativa (OPAN) e a Associação Nossa Senhora Assunção (ANSA) e outras ONGs que desenvolvem um projeto que busca alternativas agroecológicas de uso da terra visando a melhoria da qualidade de vida dos indígenas.

No entanto, a tensão entre os indígenas e os fazendeiros, grileiros e posseiros jamais cessaram. Mesmo com o direito a Marãiwatsédé assegurado juridicamente a pressão e avanço ao agronegócio sobre os indígenas avança continuamente. Mas os Xavantes resistem e afirmam que jamais desistirão de viver na terra de seus ancestrais.

No dia 19 de maio, desconhecendo ou ignorando os significados do território para os povos indígenas e comunidades tradicionais, o governador do estado de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), preocupado em resolver o conflito entre os fazendeiros e os Xavantes, apresentou ao secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a "brilhante e sensacional” proposta de permuta da área de conflito removendo mais uma vez os xavantes de Marãiwatsédé, sua terra de origem e direito.

O governo alega que na proposta apresentada a área a ser permutada (para onde poderão ser removidos os Xavantes) está situada entre o rio das Mortes e o Araguaia e compreende um total de 225 mil hectares, considerada rica em recursos naturais e, além disso, é bem maior que a área de Marawatsede que possui 152,3 mil hectares. Bonzinho, não?

Será que é tão difícil entender que a permanência dos Xavantes em Marawatsede está mais ligada a identidade cultural e os significados Xavantes têm com o lugar do que com o tamanho ou localização da área em questão.

A permanência em Marãiwatsédé para os Xavantes é um direito inegociável, intransferível e inalienável. O usufruto coletivo da terra e dos recursos naturais está intimamente ligado a normas simbólicas e específicas que foram estabelecidas e incorporadas ao grupo onde os laços de solidariedade e ajuda mútua entre os indivíduos do grupo é próprio do povo e do lugar. Tudo isso ao longo do tempo fez com que a permanência em Marawatsede para eles seja um bem e um direito estritamente inalienável que reflete a dependência da relação que o grupo tem com aquela terra que se converteu na prática em um conjunto de direitos que os Xavantes possuem sobre ela.

Nem é preciso muita explicação sobre a questão já que, enquanto povo indígena, o direito dos Xavantes a Marãiwatsédé, além de legitimo, está assegurado pela Constituição de 1988 e também pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) do qual o Brasil é um dos países signatários.

Fonte: Adital

Grande Encontro dos Povos Indígenas da Bacia Amazônica

Manaus, a capital amazônica do mundo receberá no mês de agosto,  o Grande Encontro dos Povos Indígenas da Bacia Amazônica.

A Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2011, como sendo o ano internacional das Florestas. O objetivo do Grande Encontro é debater as questões referentes às mudanças climáticas, Territórios Indígenas e REDD - Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação.

O evento contará com a participação de aproximadamente 500 lideranças indígenas dos 09 países amazônicos

Índio de 26 anos é o 1º ianomâmi a cursar direito

Aprovado em vestibular em Roraima sem auxílio de cota, ele ganhou bolsa de estudo

Anselmo Xiropino Yanomami, 26, será o primeiro índio do povo ianomâmi a cursar direito no país. Ele foi aprovado em junho, sem o auxílio de cotas, no vestibular da Faculdade Cathedral, de Boa Vista (RR).

No vestibular, Anselmo enfrentou uma concorrência de 11 candidatos por vaga e teve de fazer provas de múltipla escolha e redação. Aprovado, ganhou bolsa de estudos da faculdade, cujas aulas começam no próximo dia 25.

A escolha do curso, segundo ele, decorreu de seu interesse em defender a causa indígena. "Meu desejo maior era ser advogado e tentar mostrar que o povo ianomâmi também tem seus direitos na Constituição Federal."

Antes, fez magistério e atuou como professor na sua terra, a aldeia Watoriki, na região do Demini, no Amazonas. Hoje, Anselmo mora na sede da associação indígena Hutukara, em Boa Vista.

Os ianomâmis são um dos povos indígenas que têm menos contato com não índios e uma das culturas mais preservadas, de acordo a comissão Pró-Yanomami, do ISA (Instituto Socioambiental).

O grupo soma cerca de 19 mil pessoas e se divide em 230 aldeias. A maior parte está concentrada nos Estados de Roraima e Amazonas.

Parques na Amazônia serão reduzidos por medida provisória

Três unidades de conservação da Amazônia, entre elas o parque nacional mais antigo da região, terão sua área reduzida ainda neste ano para dar lugar a duas hidrelétricas. Outras cinco áreas protegidas estão na mira do governo federal.

Uma medida provisória a ser editada ainda neste mês determinará a "desafetação" (redução) do Parque Nacional da Amazônia e das florestas nacionais de Itaituba 1 e 2. As unidades serão alagadas pelos reservatórios das usinas de São Luiz e Jatobá, no rio Tapajós, no Pará.

SEM ESTUDOS

Como a Folha adiantou em junho, as unidades serão reduzidas sem a realização de estudo prévio, após um pedido da Eletronorte.

A decisão foi comunicada no último dia 1º aos chefes das áreas protegidas pela presidência do ICMBio (Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade).

Na mesma reunião, foram instruídos a não conversar com a imprensa sobre isso.

Todos eles se opõem à redução das áreas, como mostram documentos do ICMBio obtidos pela Folha. Segundo eles, a redução subverte o sentido das unidades.

O caso mais dramático é o do parque nacional da Amazônia, criado nos anos 1970. A zona a ser alagada é de alta prioridade para a conservação de peixes e aves, e biólogos temem que a implantação da usina de São Luiz provoque extinções locais. Em caráter emergencial, o ICMBio determinou um levantamento da fauna aquática do local em setembro.

A megausina de São Luiz do Tapajós, a principal do complexo, será a quarta maior do país, com 6.133 megawatts -quase a potência somada de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira. Jatobá terá 2.338 megawatts.

Os parques integram o mosaico de unidades de conservação da BR-163, criado pela União em 2005 para conter o desmatamento e a grilagem de terras na região.

É o maior conjunto de áreas protegidas do país.

A partir do ano que vem, entram em discussão as reduções de outras cinco áreas protegidas e uma terra indígena, para dar lugar a mais três usinas do chamado Complexo Tapajós, o maior projeto hidrelétrico do governo depois de Belo Monte.

Como compensação, o governo estuda criar uma estação ecológica em Maués, no Estado do Amazonas.

Seind cria Comitê Gestor Indígena para atuação integrada com a Funai

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (Seind), criou oficialmente, no dia 6 de julho, o Comitê do Plano de Atuação Integrada entre o Estado do Amazonas e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

O Comitê tem o objetivo de implementar ações de etnodesenvolvimento nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, manejo de recursos naturais, pesquisa, esporte, cultura, infraestrutura, fomento e desenvolvimento regional, mediante a consulta prévia, informada, livre e esclarecida dos povos indígenas, no âmbito do Programa Amazonas Indígena e Programa Proteção e Promoção dos Povos Indígenas.

A solenidade que marcou a criação do comitê foi realizada no auditório da Defensoria Pública do Estado (DPE), no Centro de Manaus, com a presença de representantes de várias secretarias estaduais, lideranças indígenas, instituições de ensino, Exército, Banco do Brasil e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

Presidido pelo titular da Seind, Bonifácio José Baniwa, uma das propostas do comitê é que o Programa Amazonas Indígena funcione de forma multissetorial. Nesse sentido, a nova instância enviará um documento a cada secretaria parceira, solicitando que incluam no seu Plano Plurianual (PPA), as diretrizes do programa, além das demandas das organizações indígenas. O resultado será apresentado na próxima reunião do comitê, marcada para o dia 8 de agosto. Em princípio, no auditório da DPE.

Além de Seind, Funai/Brasília, Funai/Manaus e Coiab, o comitê é formado por representantes de 30 instituições, entre as quais a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Ibama e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Sustentável (SDS), de Governo (Segov), de Ciência e Tecnologia (Sect), de Educação (Seduc), de Produção Rural (Sepror) e de Assistência Social (Seas).

Termo de Cooperação – A parceria do Governo do Estado com a Funai é fruto do Termo de Cooperação Técnica, firmado em novembro de 2009 – durante a realização do Fórum Amazonas Indígena (Forind) – e publicado no dia 25 de fevereiro de 2010, no Diário Oficial da União. A cooperação nasce com base nos direitos adquiridos pelos povos indígenas, conforme o artigo 231, da Constituição Federal; a Convenção 169 da Organização Iternacional do Trabalho (OIT) e o estabelecido na Declaração Universal dos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas (ONU).

As discussões que criaram a matriz institucional do Comitê foram realizadas na “Oficina de Articulação para Atuação Integrada”, em abril do ano passado, num hotel da cidade. As principais propostas nortearam o plano estratégico de ação e, no dia 10 de março de 2011, finalmente foi publicado o Decreto Estadual número 31.052, que institui o Comitê Gestor. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos ficam a cargo da própria Seind.

Menos burocracia – De acordo com Bonifácio José, o comitê chega para encurtar as distâncias do atendimento e fazer com que os benefícios cheguem às comunidades indígenas. Mas, conforme o secretário, um problema deve ser superado no meio do caminho: a burocracia. “Ela ainda emperra”, observou. “Por conta da legislação brasileira, já tem projeto com dois anos que ainda não foi colocado em prática”, lamentou.

Para a Funai, a proposta é criar agendas de trabalho e definir as estratégias que cheguem às comunidades de forma articulada. “Se a gente tem isso claro, poderemos dialogar com outros possíveis parceiros que possam ajudar no processo, cada um com o seu papel e com uma agenda unificada no comitê”, explicou o assessor da presidência da Funai/Brasília, Francisco Pianco. “O governo federal tem bilhões de investimentos entre os indígenas, mas precisamos saber o quanto está sendo investido, se é pouco ou muito, ou se vamos precisar de mais recursos para avançar nessa agenda”, destacou.

O secretário extraordinário da Secretaria de Governo (Segov), Hamilton Gadelha, colocou-se à disposição para que a agenda positiva seja executada em sua plenitude. “Sem parceria, não teríamos resultado”, disse.

Mobilização – A Seind espera otimizar os esforços para que todo o trabalho desenvolvido pelo Comitê seja feito em parceria entre governo, povos indígenas, iniciativa privada e instituições de ensino. “Estive recentemente no Canadá e pude constatar a experiência de outros povos, que tem alcançado os seus objetivos”, disse Bonifácio José. “Temos 64 povos, com 30% de todo o território do Estado e queremos contribuir, como governo, para que seja utilizado de forma útil, sustentável, em benefício de todos”.

Apoio – A Coiab foi representada no evento pelo assessor Lúcio Flores Terena. Recentemente, ele fez uma viagem ao Mato Grosso do Sul, onde, segundo ele, vários indígenas estão vivendo à beira das estradas, sem perspectivas. Lúcio fez referência ao assunto para enaltecer a criação do comitê.

“Quero enaltecer esse momento, porque é com parcerias que a gente procura aliviar um pouco o sofrimento dos nossos povos”, observou. “A Coiab se coloca à disposição, por meio dos coordenadores, na expectativa de que tenhamos sucesso nessa caminhada”, acrescentou.

Outro parceiro que garantiu total apoio ao comitê é o Banco do Brasil. Instituição atua no Estado com uma estratégia muito forte nas questões da sustentabilidade e voltadas para os povos indígenas. Somente na área de educação são mais de 60 projetos indígenas apoiados pelo BB.

“O nosso problema não é dinheiro, mas, sim, a escassez de ideias, de projetos”, esclareceu o gerente de Negócios, Valdison Oliveira. “Precisamos de convênios como esse, que viabilize as ações com responsabilidade e possibilitem a melhoria das populações”, elogiou.

“Então vão fazer com os indígenas o que fizemos com os aborígenes?” – “Sim”, diz presidente do IBAMA

Em entrevista ao programa australiano 60 Minutos, o atual presidente do IBAMA, Curt Trennepohl, afirmou que seu trabalho não é cuidar do meio ambiente, mas minimizar os impactos ambientais. A edição do programa abordou a polêmica em torno da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do rio Xingu, no Pará.

Ao responder que estava com a consciência tranquila com a decisão de autorizar o início das obras, Trennepohl foi confrontado pela jornalista.

Visivelmente irritado, Trennepohl cortou a entrevista quando a jornalista Allison Langdon afirmou que os povos indígenas do Xingu não estão dormindo bem por causa da decisão do IBAMA de autorizar o início das obras.

Mas, quando o cinegrafista saiu da sala, o presidente do IBAMA falou o que realmente pensa sobre os povos do Xingu, sem se dar conta que ainda estava com o microfone ligado.

Resumindo, Trennepohl afirmou que o Brasil fará com os povos indígenas o mesmo que a Austrália fez com os aborígenes, que foram exterminados por colonos britânicos que ocuparam a ilha ao longo do século 19.

Assista abaixo a íntegra da entrevista:

Cespe/UnB (DF) divulga resultado do Vestibular para indígenas

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) divulgou a relação dos candidatos aprovados em primeira chamada no Vestibular Indígena 2011. As provas foram aplicadas no dia 25 de junho. Ao todo, 152 candidatos concorreram a 10 vagas oferecidas nos cursos de Agronomia, Ciências Sociais, Enfermagem e Obstetrícia, Engenharia Florestal, Medicina e Nutrição. A relação dos aprovados pode ser conferida no endereço http://www.cespe.unb.br/.

Os 10 indígenas aprovados irão se juntar aos outros 44 indígenas de mais de 10 etnias que freqüentam a Universidade de Brasília desde 2004, quando a instituição firmou convênio com a Fundação Nacional do Índio (Funai) para a realização do processo seletivo. No início, o ingresso era feito por meio de transferência facultativa e, a partir de 2006, a Universidade passou a organizar o vestibular exclusivo para esse público.

APOIO - Para os indígenas que vêm de outros estados, a Funai concede uma bolsa no valor de R$ 900,00 para ajudar nas despesas com estadia, alimentação e os estudos. Eles também recebem passagem aérea para Brasília e uma passagem anual para voltarem para as aldeias de origem.

A coordenadora de Políticas Educacionais da Fundação, Neide Martins Siqueira, avalia que o modelo de vestibular aplicado aos indígenas é positivo. "Neste ano, tivemos a inclusão do curso de Ciências Sociais, que surge para atender à demanda das comunidades indígenas. Além disso, o acompanhamento da UnB, de forma geral, tem melhorado bastante e isso tem sido bom para os alunos", completou.

INTEGRAÇÃO - O Coordenador Acadêmico dos Estudantes Indígenas da UnB, Umberto Euzébio, informa que haverá uma programação para recepcionar os calouros indígenas a fim de orientá-los em relação à matrícula, matérias obrigatórias, alimentação, saúde, dentre outras rotinas da comunidade acadêmica. "Eles são de etnias e regiões diferentes. Fazemos o acompanhamento do processo de aprendizagem e principalmente de integração entre eles", afirma.

O coordenador lembra que o Convênio da UnB com a Funai prevê que os estudantes indígenas, além de graduados nos cursos oferecidos, se voltem a causas sociais e ambientais quando retornam para a comunidade de origem. "Eles poderão desenvolver projetos sob os aspectos social, cultural e de relações entre os povos, fazendo uma abordagem plena como indivíduos e não somente como profissionais", ressalta ele.

REGISTRO - O registro acadêmico será feito no dia 10 de agosto. Os candidatos podem procurar a Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica (DAIA), ligada ao Decanato de Ensino e Graduação (DEG), onde serão encaminhados aos Postos Avançados da Secretaria de Administração Acadêmica (SSA). Para o registro, os aprovados devem apresentar originais e cópias do documento de identidade, CPF, título de eleitor acompanhado de comprovante de votação ou de justificativa de não votação na última eleição, histórico escolar do ensino médio e certificado de conclusão do ensino médio.

Mais informações: www.cespe.unb.br

Indígenas na Mídia - Povos pedem implementação de consulta e consentimento prévio, livre e informado

Implementaçãoda consulta e do consentimento prévio, livre e informado com ênfase nasoberania sobre os recursos naturais”. Essa foi a proposta apresentada pororganizações indígenas da América Latina na Quarta Sessão de Mecanismo deEspecialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (Medpi) da Organização dasNações Unidas (ONU), realizada entre os dias 11 e 15 de julho em Genebra,Suíça.

Nadeclaração elaborada por ocasião do encontro, os povos indígenas de Abya Yaladestacaram seus direitos à cultura, economia, políticas e livre determinaçãoeconômica, os quais, apesar de serem reconhecidos, não são devidamenterespeitados. De acordo com eles, os Estados continuam a realizar projetos dedesenvolvimento baseados na exploração e sem promover uma consulta prévia,livre e informada.

“Éuma constante a afetação e violação aos direitos econômicos, sociais eculturais que priva de um ambiente sano, o acesso à água, à saúde, àpropriedade. A defesa da vida através do protesto social é criminalizada com oencarceramento dos dirigentes e líderes indígenas”, afirmaram.

Porconta desse quadro – e com base na Declaração sobre os Direitos dos PovosIndígenas (DDPI), a qual reconhece o direito à livre determinação dos povos –,as organizações que estiveram presentes na reunião solicitaram que o Medpicontinue “aprofundando a interdependência entre a soberania permanente sobre osrecursos naturais, o direito ao Consentimento Prévio, Livre e Informado (CLPI),os resultados da violação refletidos no comportamento selvagem das indústriasextrativistas e os direitos da natureza”.

Deacordo com o documento, a ideia é que se aprofundem os estudos sobre o direitoà participação indígena como uma forma do direito à livre determinação. Segundoas organizações indígenas, tal proposta já foi discutida em outras ocasiões,inclusive pela Comissão de Direitos Humanos e por outros especialistas emsoberania dos povos indígenas.

Alémdo estudo sobre a livre determinação dos povos, a soberania sobre os recursosnaturais e o direito indígena à consulta livre, prévia e informada; os movimentosindígenas demandaram: a elaboração e adoção por parte das Nações Unidas de uminstrumento internacional para obrigar os Estados a implementar e cumprir asnormas e os tratados internacionais sobre os direitos dos povos, e a garantiada participação dos povos indígenas e de suas organizações na elaboração deestudos e instrumentos internacionais vinculantes.

Quarta sessão do Medpi

Aquarta sessão do Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos PovosIndígenas (Medpi) aconteceu entre os dias 11 e 15 de julho com o objetivo dedebater o “Estudo definitivo sobre os povos indígenas e o direito àparticipação na adoção de decisões”.

Odocumento, complementar ao relatório provisório apresentado pelo Medpi no anopassado, aponta “exemplos de boas práticas de participação dos povos indígenasem diferentes níveis da adoção de decisões”. O Mecanismo ainda destaca noEstudo sua opinião sobre os povos indígenas e o direito de participação.

Clique aqui para ler a Declaração dos Povos Indígenas do Abya Yala.

Fonte: Adiltal

Indígenas na Mídia - Articulista é condenado por ofensa a indígenas em MS

A Justiça condenou o advogado e articulista Isaac Duarte de Barros Júnior a dois anos de reclusão pelo crime de racismo contra etnia indígena. Ele escreveu um artigo, publicado no jornal O Progresso, em dezembro de 2008, com termos ofensivos aos indígenas da região. A sentença, dada no último dia 6 de julho, é inédita em Mato Grosso do Sul, Estado com a segunda maior população indígena do País.

Sob o título "Índios e o Retrocesso", o artigo usa os termos "bugrada" e "malandros e vadios" para referir-se aos indígenas. Afirma-se ainda que eles "se assenhoram das terras como verdadeiros vândalos, cobrando nelas os pedágios e matando passantes". Em outro trecho, ele critica a cultura indígena: "A preservação de costumes que contrariem a modernidade são retrocessos e devem acabar. Quanto a uma civilização indígena que não deu certo e em detrimento disso foi conquistada pela inteligência cultural dos brancos, também é retrógrada a atitude de querer preservá-la".

O Ministério Público Federal havia ajuizado duas ações na Justiça Federal contra o articulista, uma penal e outra por danos morais. Com a presente decisão judicial, a ação por danos morais, que estava suspensa, deve voltar a tramitar.

Isaac foi condenado com base no artigo 20 da Lei 7.716/89, que define os crimes de preconceito de raça ou cor. Na sentença, o juiz afirmou que a liberdade de expressão não é uma garantia absoluta. "A dignidade da pessoa humana, base do estado democrático de direito, prevalece sobre qualquer manifestação de pensamento que incite ao preconceito ou à discriminação racial, étnica e cultural".

Chamado a explicar-se perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Dourados, o articulista negou o que havia escrito e atribuiu suas ideias a um avô e a programas de TV, afirmando que "ao seu ver bugre é bandido, índio não". As alegações não foram aceitas pela Justiça.

Fonte: UOL

Indígenas na Mídia - Cidade de SP tem 38 etnias indígenas

Levantamento da ONG Opção Brasil mostra que Região Metropolitana tem quase o mesmo nº de povos que o Estado do Amazonas

O índio xavante Lúcio Waane Terowaa, de 33 anos, migrou para São Paulo há cinco anos vindo de uma aldeia de Barra do Garças, em Mato Grosso. Chegou ao Itaim Paulista, na zona leste, para seguir os passos do mais famoso representante de sua etnia, o cacique Mário Juruna, eleito deputado constituinte em 1986, conhecido por gravar promessas suspeitas de políticos.

No ano passado, em São Paulo, Terowaa se lançou candidato a deputado estadual pelo PSL e teve 318 votos. Em vez do gravador, usa o Facebook como ferramenta política. Tem 910 amigos, com quem debate formas de criar uma aldeia "ecologicamente correta" e autossustentável, que sirva como modelo a ser replicado no Brasil, a partir de São Paulo. "Tenho amigos virtuais de 23 etnias só aqui na cidade. É uma das maiores diversidades do Brasil e por isso São Paulo é uma base importante para a política indígena."

As impressões do xavante são confirmadas pelo levantamento feito pela ONG Opção Brasil, que organiza cursos de educação indígena para os povos de São Paulo. Na Região Metropolitana, a Opção Brasil já contactou índios de 54 etnias diferentes - 38 só na capital. No Estado do Amazonas, o site da Fundação Nacional do Índio relaciona 60 etnias.

A exemplo de migrantes das zonas rurais e sertões, os indígenas de São Paulo chegam em busca de emprego e vivem principalmente em bairros pobres da periferia. "Fazemos o mapeamento pelo contato boca a boca. Um índio passa o telefone de outro. O objetivo é criar uma rede para que a vida na cidade grande seja mais fácil", explica o coordenador da Opção Brasil, Marcos Aguiar.

Os guaranis - índios autóctones que já viviam no Estado antes da chegada dos portugueses - são a única etnia a viver em aldeias na cidade. Duas delas, a Krucutu e a Tenonde Porã, ficam em Parelheiros, na zona sul. A terceira, a Tekoah Itu, é do Pico do Jaraguá, na zona norte. Reúnem cerca de 3 mil guaranis.

As outras 53 etnias são formadas por índios que moram em bairros e favelas da metrópole. Pode ser um pastor evangélico wassu cocal ou um faxineiro cambiuá. Em comum, enfrentam o desafio de carregar uma cultura tradicional e coletivista em uma sociedade moderna e competitiva. "Viver no mundo de hoje sem negar as origens é uma arte", diz a pedagoga Chirley de Souza Almeida Santos, de 37 anos, pancará que mora na cidade há 12.

Fonte : O Estado de S. Paulo

Rede de Saberes realiza encontro de pós-graduandos indígenas

Mestres, mestrandos e doutorandos indígenas de Mato Grosso do Sul se reúnem amanhã, dia 22 de julho, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em um encontro promovido pelo Projeto Rede de Saberes. Eles irão discutir formas de participar da condução do IV Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade, que será nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto na UCDB.

A ideia do encontro é pensar também a criação de um fórum ou uma rede de pesquisadores indígenas articulada ao Rede de Saberes. Aproximadamente vinte pós-graduandos ou já formados participarão da reunião, que acontecerá das 8h30 às 17h, em umas das salas dos Programas de Mestrado e Doutorado, que fica no bloco da biblioteca.

O trabalho de professores e pesquisadores da UCDB com populações indígenas, desde 1995, reflete no significativo e crescente número de alunos indígenas, tanto na graduação como na pós-graduação. O Mestrado em Educação tem, atualmente, cinco indígenas, das etnias Guarani, Terena e Xavante. Entre os seis indígenas que já concluíram o curso, um é da etnia Tuyuca e os demais são Terena.

Já o Mestrado em Desenvolvimento Local formou dois indígenas Terena e tem um mestrando Guarani. Os trabalhos de pesquisa e extensão junto aos índios estão articulados ao Programa Kaiowá Guarani, coordenado pelo Dr. Antonio Brand e desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (Neppi), que é coordenado pelo Pe. George Lachnitt.

CONTATO
(67) 3312-3590
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Fonte: Neepi UCDB

APIB e organizações indígenas repudiam matérias da Band sobre Raposa Serra do Sol

O tratamento dispensado pela jornalismo da Rede Bandeirantes de Televisão  à questão indígena e, em especial, aos povos que vivem na terra Raposa Serra do Sol, causou grande comoção e indignação junto aos indígenas de todo país. 

As organizações que intergram a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)  aproveitam a oportunidade para manifestar total  apoio aos povos de Roraima no repúdio à forma desrespeitosa  e tendeciosa com que  os indigenas foram mostrados. Mais um vez, vemos um exemplo de preconceito patrocinado por uma elite que através do poder econômico manipula os meios de comunicação para criar um ambiente social propício à exploração das riquezas naturais protegidas pelos índios brasileiros e importante fonte de subsistência de inúmeras famílias.

Em nota divulgada no último dia (17), associações e organizações indígenas de Roraima manifestaram indignação devido à veiculação de uma série de reportagens pela Band sobre o território Raposa Serra do Sol, exibidas no início do mês. Ao assistirmos às matérias fica claro a atitude tendenciosa dos jornalistas ao se referirem aos habitantes da região, mais ainda, por meio de imagens que, segundo as organizações indígenas, não condizem com a realidade. "As reportagens são mentirosas em todos os aspectos que tratam da questão indígena", diz a nota.

A nota traz críticas também ao governo."Repudiamos as autoridades governamentais que tem se prestado a assumir a bandeira dos grupos anti-indígenas que tentam, por todos os meios, rever a regulamentação da terra indígena".

Há dois anos, a Raposa Serra do Sol foi reconhecida legalmente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como território indígena dos povos Makuxi, Wapixana, Ingaricó,Taurepang, Patamona e Sapar, mas os indígenas da região dizem que estão sofrendo perseguições políticas e de produtores de arroz.

Clique aqui e leia a íntegra da nota de repúdio

Nota de Repúdio

Mentiras sobre a Raposa Serra do Sol

Decorridos dois anos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que reconheceu a legalidade da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, os povos indígenas que ali vivem continuam sob intensa perseguição por parte da classe política e dos rizicultores. Na segunda semana de julho de 2011 os ataques aos povos indígenas ficaram mais evidentes com a divulgação de uma série de reportagens pela TV Band.

As reportagens são mentirosas em todos os aspectos que tratam da questão indígena e, mais precisamente, quando aludem aos povos da terra Raposa Serra do Sol. A referida terra indígena é território tradicional dos povos Makuxi, Wapixana, Ingaricó, Taurepang, Patamona e Sapará, que trabalham e produzem para seu sustento e cada vez mais buscam elevar sua qualidade de vida. Lamentavelmente, o poder público – tradicional aliado dos grupos anti-indígenas, tem se mostrado negligente para atender aos pleitos desses povos.

As imagens, por exemplo, que mostram indígenas recolhendo lixo não refletem a realidade. Essa situação existe há muito tempo em Roraima como conseqüência da exclusão social. Do lixão de Boa Vista sobrevivem pessoas de vários segmentos excluídos, entre os quais um pequeno grupo de indígenas – que, morando na capital, não tem acesso a educação, saúde, emprego, moradia e outros mínimos benefícios porque o Estado de Roraima tem se mostrado incompetente para formular políticas contra a exclusão social.

Repudiamos as autoridades governamentais que tem se prestado a assumir a bandeira dos grupos anti-indígenas que tentam, por todos os meios, rever a regulamentação da terra indígena Raposa Serra do Sol, mobilizando, para isso, as mais altas autoridades do país.

Reafirmamos o compromisso de defender o direito de todos os povos da terra Raposa Serra do Sol bem como de todos aqueles que buscam o reconhecimento e a regularização de seus territórios tradicionais, ao mesmo tempo em que estaremos sempre vigilantes contra os meios de comunicação que agem de forma tendenciosa e mentirosa, desprezando os princípios éticos da comunicação e o direito de todo sociedade à informação.

Manaus (AM), 17 de julho de 2011.

Associação dos Povos Indígenas de Roraima – APIRR

Associação Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro – AITESP

Conselho Indígena de Roraima – CIR

Conselho Indigenista Missionário – CIMI NORTE I

Federação das Organizações Indígenas do Médio Purus - FOCIMP

Organização das Mulheres Indígenas de Roraima – OMIR

Organização dos Indígenas da Cidade – ODIC

Índios de MS vão à Raposa Serra do Sol

Grande parte dos universitários indígenas voltam seus estudos de conclusão de curso para a temática indígena. Pesquisando em suas próprias comunidades e até mesmo explorando casos mais distantes, eles marcam sua presença na universidade, colaborando de maneira singular na luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas, nos mais diversos âmbitos. Atualmente, há mais de 600 índios nas universidades de Mato Grosso do Sul, segundo estimativa do Projeto Rede de Saberes, que apoia sua permanência em três universidades públicas e uma particular do estado.

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, uma das maiores áreas indígenas do país foi o caso estudado pelo indígena da etnia Terena, Luiz Henrique Eloy Amado, em seu Trabalho de Conclusão de Curso em Direito, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Aprovado, Luiz agora foi conhecer a área habitada pelos patrícios das etnias Ingarico, Macuxi, Paramonas, Taurepangue e Wapixana. Esta viagem, não está fazendo sozinho, mas junto aos acadêmicos de Direito Vianey Turíbio e Genivaldo Vieira, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Sidney Albuquerque, acadêmico de Jornalismo da UCDB. Com apoio do Projeto Rede de Saberes eles participarão de oficina realizada pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR), entre os dias 19 e 22 de julho.

A oficina conta com participação da primeira advogada indígena do Brasil, Joênia Wapichana, que esteve no mês passado em Dourados, participando do Encontro Temático Saberes Tradicionais e Científicos - Direito, realizado pelo Projeto Rede de Saberes.

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SOBRE O PROJETO REDE DE SABERES

O Projeto Rede de Saberes apoia a permanência de indígenas no ensino superior, atuando por meio de parceria entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Aquidauana (UFMS). Porém, acadêmicos das outras universidades do estado também participam dos eventos promovidos pelo Rede de Saberes, que alcança assim mais de 600 indígenas universitários em MS. O Rede de Saberes estimula e orienta a iniciação científica, têm laboratórios de informática, oferece cursos de extensão, monitorias e auxilia na cópia e impressão de material. O coordenador geral é o professor da UCDB, Doutor em História, Antonio Brand.

Fonte: Neppi UCDB

Marãiwatsédé: Carta do Povo Xavante

CARTA DE REPÚDIO DO POVO XAVANTE CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO  MATOGROSSO E OS DEPUTADOS DA LEI 9.564

O Povo Xavante da Terra Indígena Marãiwatsédé repudia a decisão do Governo do Mato Grosso que, junto com os deputados estaduais, promoveu uma verdadeira obra anti-indígena, ilegal, contrariando a Constituição Federal, ao criarem a Lei 9.564 que tenta nos obrigar a abandonar o nosso território tradicional, para dar lugar ao criminoso esquema do latifúndio e do agronegócio, patrocinado por políticos e fazendeiros.

O Estado de Mato Grosso, que tem um governador anti- indígena, tem provocado muito a ira do povo Xavante. Já não bastasse o nosso território ser invadido, usurpado, arrasado por tantos anos, agora tentam nos obrigar a embarcar mais uma vez na caravana do êxodo. Não vamos abrir mão de Marãiwatsédé.

Os posseiros, entre eles políticos e fazendeiros, falam que estão na terra há 40 anos. Afirmamos que, nós Xavantes, fomos expulsos do nosso território, através de uma deportação oficial, que marcou profundo na história do nosso povo.

O Estado do Matogrosso foi devastado pela invasão criminosa do agronegócio e pela ambição dos seus governantes. A soja e o gado não são mais importantes que a vida do povo Xavante que há anos luta para ter o direito de viver em paz dentro do seu território.

Marãiwatsédé é dos Xavante. Não está à venda! Tomamos o que nos foi roubado. Destruíram a nossa natureza, o nosso ambiente de viver, o cemitério dos nossos antepassados destruíram, quem vai pagar isso? O governo do Estado tem condição de indenizar o que foi destruído e roubado?

Sabemos que o Governo Federal apoia a nossa permanência. Precisamos do Governo um projeto voltado para nossa sobrevivência e sustentabilidade, não esse projeto que quer dizimar o nosso povo.

Não aceitamos, queremos que o Governo do estado respeite a Nação Xavante, pois a nossa luta continua. Sempre vivemos em pé de guerra pela busca e garantia dos nossos direitos. Não negociamos, não vendemos, não trocamos o nosso território. Honramos os nossos antepassados que vieram para essa região bem antes que qualquer um e nasceram e cresceram e estão enterrados aqui, porém vivos em cada árvore, em cada canto de pássaro, na cor da nossa pele, na força da nossa cultura, em cada lembrança de Marãiwatsédé.

Somos o povo guerreiro Xavante, revogamos a lei anti-indígena, fazemos a nossa própria história para permanecermos vivos. Somos nós os donos dessa terra. Nós que vivemos da terra, morreremos por ela. Estamos prontos para a guerra.

Marãiwatsédé, Mato Grosso, 14 de julho de 2011.

Saudações Xavante,

Agnelo Temrite Wadzatse

CACIQUE GUERREIRO XAVANTE

COORDENADOR GERAL DA CIX

PRESIDENTE DO CONDEF - COIAB

Reforma do Código Florestal ganha página especial multimídia

A partir desta quarta-feira (13), o cidadão terá mais facilidade para acompanhar todas as notícias e debates em torno do projeto do novo Código Florestal que tramita no Senado. A Agência Senado, em parceria com os demais veículos de comunicação da Casa, desenvolveu uma página especial multimídia que vai concentrar todas as informações sobre o tema divulgadas em áudio, vídeo e texto no Portal do Senado.

A nova página especial multimídia "Reforma do Código Florestal" trará a cobertura jornalística dos debates nas comissões e no Plenário sobre o tema, além de agregar outros conteúdos que ajudarão o leitor a acompanhar os debates e entender melhor o assunto, como entrevistas, opiniões e infográficos.

O endereço é : http://www12.senado.gov.br/codigoFlorestal

Fundo Amazônia prepara seleção pública de projetos produtivos sustentáveis

O grupo de trabalho criado pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) para elaborar proposta de edital de seleção de projetos para desenvolvimento de atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade concluiu essa semana seus trabalhos.

O documento será levado à deliberação do COFA em sua próxima reunião, ainda sem data definida e poderá sofrer modificações.

O público-alvo da chamada são povos indígenas e comunidades tradicionais, assentados e agricultores familiares do bioma Amazônia.

Segundo a proposta a ser analisada pelo COFA, os projetos poderão ser apresentados individualmente por associações ou cooperativas, ou compor um conjunto de projetos gerido por uma instituição aglutinadora. As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção e classificação que contará com a participação de representantes de alguns ministérios, alem de um representante dos governos estaduais e da sociedade civil.

A comissão analisará os projetos de acordo com um conjunto de critérios pré-estabelecidos. As propostas selecionadas comporão um cadastro e a partir daí cumprirão os tramites de analise do Fundo Amazônia.

 

Fonte:INESC

Sob as lonas pretas, mais uma criança Guarani Mbya morre sem ter vivido em sua terra

Finda a tarde do dia 13 de julho de 2011, RS-040, Km 60, município de Capivari. Os Guarani Mbya, que vivem às margens daquela rodovia, recebem o corpo sem vida de Amilta, de apenas quatro anos de idade. A pequena Mbya não resistiu a uma pneumonia e faleceu às 11 horas da manhã do dia 12.

Os pais de Amilta, Rafael e Yolanda, não tendo uma Opy (casa de reza) para realizar os rituais sagrados do povo, levaram o corpo da filha para ser velado em um barraco improvisado, coberto com lona preta. Lá passaram toda a noite. O frio e a chuva foram companhias permanentes. As lonas, em estado precário, deixavam passar o vento e alguns pingos de chuva.

                                                 Acampamento Capivari

                                                                  Povo: Guarani Mbya

                                                                  10 famílias

                                                                  Município: Capivari (RS)

Não havia no acampamento velas e nem pety (fumo) para o petynguá (cachimbo) que são fundamentais em rituais fúnebres. Na manhã do dia 14, um carro funerário deveria fazer o translado do corpo da menina para a aldeia da Estiva, área do povo Guarani, com apenas sete hectares, que apesar de diminuta possui um cemitério.

Mas como fazer o enterro se os rituais não foram realizados? A comunidade decidiu que o enterro somente aconteceria no dia seguinte. Através da doação de pessoas solidárias, o fumo e as velas foram levados até o acampamento e a comunidade pôde iniciar os rituais para a pequena Amilta.

Vivem no acampamento Capivari, à beira da rodovia, 10 famílias do povo Guarani Mbya. Não dispõem de água potável, energia elétrica, muito menos saneamento básico. Raramente recebem visita de equipes de saúde da Sesai (Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena). Alegam falta de recursos e de combustível para prestar atendimento à comunidade. O acampamento situa-se a menos de 80 Km de Porto Alegre (capital do estado onde está localizada a sede da Sesai). Apesar da facilidade de acesso e geograficamente bem localizada, a comunidade é totalmente esquecido pelos órgãos de assistência.

Terra reivindicada, mas não demarcada

                                                   Acampamento Capivari visto da RS 040.

O cacique da comunidade, Sr. Augusto, mora em Capivari há mais de 25 anos e afirma que a Funai conhece a história do acampamento e tem conhecimento das reivindicações da comunidade, mas nunca fez nada, além de promessas. Com uma fisionomia abatida, disse não acreditar mais nos juruá (brancos), porque eles apenas lançam as palavras, mas não cumprem com aquilo que prometem.

A terra reivindicada já foi, por diversas vezes, objeto de estudos de antropólogos que comprovaram a tradicionalidade da ocupação Guarani na região. A Funai, ciente destes estudos, nunca realizou os  encaminhamentos devidos, porque do outro lado da cerca está situada uma grande fazenda onde se cria gado e se cultiva arroz. Com essa atitude, os representantes do órgão indigenista continuam a manter na indigência as famílias Guarani.

No Brasil, há décadas se denuncia a realidade de abandono dos povos indígenas e se reivindica urgência nas demarcações de terra, para assegurar, assim, a saúde, a dignidade, a sobrevivência destas populações. Mas apenas quando a situação se agrava, beirando o caos, é que o Poder Público se volta para as comunidades afetadas, com apenas medidas emergenciais que nunca se estabelecem como verdadeiras políticas duradouras em defesa da vida dos povos indígenas. Não há uma atuação planejada e contínua, capaz de dar solução aos graves problemas enfrentados pelos indígenas que vivem nos mais diversos estados brasileiros.

 

Acampamentos indígenas à beira de BRs

É cada vez mais evidente, no sul do país, a realidade de abandono e de omissão do Poder Público, e a situação das comunidades agrava-se a cada ano. A imagem de famílias indígenas acampadas à beira de rodovias já se tornou comum, e parece não surpreender. Vale ressaltar que existem no Rio Grande do Sul gerações inteiras de Guarani que não conheceram outra realidade a não ser a vida em acampamentos “provisórios”. Registra-se, por exemplo, a existência de acampamentos que já existem há três décadas, sem que a Funai e os órgãos responsáveis tomem providências para resolver definitivamente o problema: a efetiva demarcação das terras tradicionais reivindicadas por este povo.

A situação vivida pelos Guarani no estado do Rio Grande do Sul, assemelha-se à passagem bíblica da luta de Davi contra Golias. De um lado, um povo indígena que tem o direito, assegurado no texto constitucional, de viver em suas terras, cuja tradicionalidade é incontestável e, de outro, os supostos “proprietários” dessas mesmas terras, representantes de um poder econômico privilegiado, o do agronegócio. Neste contexto, a posição do Poder Público tem sido a de proteger os interesses daqueles que são considerados “produtivos” e desejáveis para o desenvolvimento do estado e do país.

E a estratégia principal, colocada em curso há décadas, tem sido o descaso para com as reivindicações indígenas, a morosidade nos procedimentos de identificação e de demarcação de terras, a substituição de políticas de atenção à vida por ações emergências e assistencialistas. O que se verifica, nestas circunstâncias, é que o texto constitucional e os direitos nele resguardados ficam reféns de jogos de poder político e de interesses que ecoam nas esferas decisórias do governo federal.

O resultado disso é a inaceitável morte de crianças como Amilta, uma entre tantas outras vidas ceifadas prematuramente, uma entre tantas outras vítimas da omissão do Estado, da inoperância da Funai e do desrespeito aos direitos indígenas.

As responsabilidades e a omissão em números

A responsabilidade pelo luto vivido pelas famílias Guarani que choram a morte de Amilta, e pela violência cotidiana imposta a este povo, é do governo federal – na figura de sua representante maior, a presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que responde pelo ministério ao qual a Fundação Nacional do Índio está subordinada. Não há, por parte do governo, qualquer manifestação de compromisso concreto com os Guarani e nem qualquer tipo de ação que possa solucionar os graves problemas vividos no seu dia a dia. Aliás, o que se verifica é um injustificável descuido para com a causa indígena, e um exemplo concreto e incontestável são os dados da execução do Orçamento Geral da União relativos ao ano de 2011.

Orçamento Indigenista – 2011
R$ 785 milhões disponíveis

> Em todo o primeiro semestre do ano foram liquidados apenas 25% deste total


Examinando os dados disponíveis no portal do Senado Federal, pode-se verificar que não procede a alegação de falta de recursos para a demarcação das terras indígenas, uma vez que o Congresso Nacional autorizou a utilização de mais de R$ 21 milhões, dos quais o governo gastou menos de 28% até o momento. Sem falar em itens diretamente implicados com a proteção e promoção da saúde indígena, nos quais também se verifica uma execução orçamentária incompatível com o previsto. Na ação Proteção Social dos Povos Indígenas, o governo aplicou até o momento apenas 11,4% do montante autorizado; no item Estruturação de Unidades de Saúde foram aplicados irrisórios 0,14% dos recursos disponíveis; no item Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas, os recursos utilizados não chegam a 1% do previsto (0,82%); no item Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, somente 9,84% foram liquidados e, pior ainda, no item Saneamento Básico, nenhum centavo foi gasto até o momento.

Mais uma vez a objetividade dos dados quantitativos – que mostram o contingenciamento dos já escassos recursos destinados aos povos indígenas, não deixam margem a dúvidas: o governo coloca em curso uma política indigenista deficitária, que não parece ser resultado da incompetência de quem realiza a gestão, e sim resultado de uma intencional e deliberada política de privilegiar setores antiindígenas, especialmente aqueles ligados a obras desenvolvimentistas.

A cruel realidade vivida pelos Guarani, no Rio Grande do Sul, está diretamente relacionada à não demarcação de seus territórios, agravada pelo fato de que sequer dispõem de pequenas porções de terra, como ocorre com povos de outras regiões do Brasil. Os Guarani são submetidos à desumana condição de acampados, tornando-se vítimas de doenças, com alto índice de mortalidade infantil, como também sofrem ameaças e violências diversas.

Os acampamentos, as lonas, a falta de água potável, a falta de saneamento básico, a falta de vontade política e de coragem para garantir os direitos destes povos, marcam a atuação do governo brasileiro. Só podemos caracterizar este quadro, como uma prática de genocídio.

Amilta morreu sem ter pisado sua terra. As terras do povo Guarani e de outros povos indígenas país afora, estão delimitadas por cercas, espaço de vida para o gado, para plantações de transgênicos, para plantações de cana-açúcar que enriquecem alguns poucos “heróis nacionais”.

Em seus quatro anos, a pequena Mbya experimentou a escassez de alimentos, o frio das noites debaixo de lonas pretas, pisou a terra fria e úmida da beira da estrada, muitas vezes alagada pelas chuvas. Isso foi o que esteve ao seu alcance, em sua curta vida. Que a morte dessa pequena Kuñai (menina) Guarani não seja apenas mais um número, na estatística da mortalidade infantil indígena. Que em memória dela, e de tantas outras crianças, sejam levados adiante os procedimentos de demarcação que podem assegurar uma terra mãe acolhedora para resguardar a vida deste Grande Povo!

Porto Alegre (RS), 15 de julho de 2011.

Roberto Antonio Liebgott
Vice-Presidente do Cimi e integrante da Equipe Porto Alegre

Justiça condena articulista por insultar indígenas

A Justiça Federal condenou o articulista Isaac Duarte de Barros Júnior, do jornal O Progresso, de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, a dois anos de reclusão no processo em que foi acusado de preconceito racial contra indígenas. A ação foi proposta pelo procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida em fevereiro de 2009, depois de receber denúncias dos índios de que, em artigo publicado no dia 27 de dezembro de 2008 sob o título “Índios e o retrocesso...”, o autor disparava frases pejorativas e ofensivas à população indígena.

Em um dos trechos do artigo, Barros Júnior, que também é advogado, afirma: “Eles se assenhoram das terras como verdadeiros vândalos, cobrando nelas os pedágios e matando passantes”. No texto, ele ainda chama os índios de “bugrada” e de “malandros e vadios”.

Em outro trecho, faz críticas à preservação da cultura indígena, ao afirmar que “a preservação de costumes que contrariem a modernidade são retrocessos e devem acabar. Quanto a uma civilização indígena quenão deu certo e em detrimento disso foi conquistada pela inteligência cultural dos brancos, também é retrógrada a atitude de querer preservá-la”.

Os argumentos apresentados pelo advogado na defesa de Barros Júnior não foram aceitos pelo juiz da 1ª Vara Federal de Dourados, Moisés Rodrigues da Silva, que em sua sentença sobre o caso diz que a liberdade de expressão não é uma garantia absoluta, pois “a dignidade da pessoa humana, base do Estado democrático de direito, prevalece sobre qualquer manifestação de pensamento que incite ao preconceito ou

à discriminação racial, étnica e cultural”. Por isso, condenou o articulista.

O procurador da República Marco Antonio Delfino disse que Barros Júnior teve oportunidade de se retratar, mas não o fez. O advogado Netto disse que o articulista não se retratou por entender que não cometeu crime algum, e que por isso vai apresentar recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.


Fonte: MPF/MS